Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas: terminemos con la indiferencia

Argentina fue el primer país en sancionar una ley contra la Trata de personas con fines de explotación sexual. El 23 de septiembre de 1913, el legislador socialista Alfredo Palacios impulsó la promulgación de la Ley N° 9.143, que visibilizó la más aberrante de violación de los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, a quienes se los transforma en mercancía para el ejercicio forzado de la prostitución. Recién 86 años después, en enero de 1999, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, reunida en Bangladesh junto con la Conferencia de Mujeres, instauró el  23 de septiembre como el “Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas”. 

 

Las víctimas de trata sufren condiciones degradantes: privación de su libertad, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos crueles inhumanos. La trata se sostiene con la complicidad de un sistema patriarcal presente en todos los estamentos políticos, judiciales y policiales, y que se perpetúa porque hay quien paga por usar para su propia satisfacción los cuerpos de quienes consideran inferiores, las mujeres y las niñas que han sido esclavizadas en prostíbulos. La zona de mayor concentración de este delito es de las  “rutas del petróleo”, un corredor que atraviesa el país de norte a sur y que permite el intercambio de mujeres, niñas y niños de diferentes nacionalidades.

Actualmente, en nuestro país, la Ley 26364, y su modificatoria, Ley 26.842, sobre la prevención y sanción de la  Trata de personas y asistencia a sus víctimas, obliga a todos los estamentos del Estado a prevenir la trata y a perseguir al tratante y al prostituyente, mal llamado “cliente”. Rehusamos llamarlos “clientes” porque no se trata de un intercambio legal de servicios o de mercaderías, sino de un delito. Resulta indudable que sin prostituyentes no hay trata. El Estado también debe garantizar el acompañamiento a las víctimas, para que puedan recuperar su salud y sus vidas. Finalmente, es responsabilidad de toda la ciudadanía denunciar este delito, y de las autoridades perseguirlo y asistir a sus víctimas. ¡Terminemos con la indiferencia!